La UCO estrecha el foco sobre el PNV por el rescate de Tubos Reunidos y abre una crisis interna por el papel de Ortuzar
La investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha colocado al Partido Nacionalista Vasco en el foco de las indagaciones sobre el rescate otorgado a Tubos Reunidos, una operación de 112,8 millones de euros que la SEPI aprobó en 2021 y que, conforme a los informes añadidos al sumario que dirige el juez Santiago Pedraz, habría estado acompañada por gestiones de intermediación relacionadas con la llamada trama de la SEPI.
Según la documentación mencionada por Libertad Digital y Vozpópuli, los investigadores descubrieron mensajes del grupo Hirurok donde se hacía referencia a la supuesta influencia de contactos con el PNV para agilizar el expediente de la empresa vasca. En esos intercambios, los implicados vinculaban las gestiones realizadas con dirigentes nacionalistas con la rápida aprobación del rescate en un intervalo de tiempo muy reducido.
El informe de la UCO señala que el expediente de Tubos Reunidos fue elevado de nuevo al Consejo Gestor del FASEE el 13 de julio de 2021, momento en el que terminó recibiendo luz verde. Previamente, según los mensajes intervenidos, se habría planteado la necesidad de conocer la posición del PNV ante las objeciones existentes en el proceso, entre ellas las atribuidas al ámbito de la Secretaría de Estado de Economía.
La investigación también señala la implicación de Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar, junto con la participación de Leire Díez y Vicente Fernández, expresidente de la SEPI. De acuerdo con el sumario, ellos habrían intervenido en trámites vinculados al rescate de Tubos Reunidos y, por esa presunta gestión, habrían recibido una comisión que rondaría los 115.000 euros.
Tras la aprobación de la ayuda pública, Tubos Reunidos firmó el 1 de diciembre de 2021 un contrato con Mediaciones Martínez, sociedad vinculada a Antxon Alonso. El acuerdo contemplaba pagos anuales de 60.000 euros bajo el concepto de asesoramiento y desarrollo de negocio, aunque la UCO sostiene que esas cantidades responderían en realidad a una contraprestación por los servicios prestados durante el proceso del rescate.
El caso también alcanza a la anterior dirección del PNV por las reuniones que mantuvieron con representantes de Tubos Reunidos y con personas vinculadas a la trama investigada. De acuerdo con la documentación mencionada, Andoni Ortuzar, entonces presidente del partido, y Joseba Aurrekoetxea, responsable de Organización, tomaron parte en un encuentro realizado el 28 de enero de 2025 junto a directivos de la empresa y con Vicente Fernández.
Esa reunión se enmarcaría en una segunda fase de gestiones vinculadas a Tubos Reunidos, esta vez relacionada con una solicitud para aplazar un pago de 10 millones de euros a la SEPI. La UCO destaca que dicha petición avanzó con rapidez: recibió validaciones internas entre el 21 y el 25 de marzo de 2025 y obtuvo una propuesta favorable del Comité de Negocio del FASEE el 28 de marzo.
La aparición de estos mensajes ha provocado tensión dentro del PNV. Según Vozpópuli, fuentes de la formación admiten que la situación es delicada y que la actual dirección tratará de desvincular el funcionamiento ordinario del partido de los contactos mantenidos por la etapa de Ortuzar. La estrategia pasaría por atribuir la responsabilidad política de esos encuentros al anterior presidente del partido, preservando la posición de Aitor Esteban.
La crisis interna sucede al mismo tiempo que afloran diferencias sobre cómo debe gestionarse la relación del PNV con Pedro Sánchez. Un sector cercano al lehendakari Imanol Pradales advierte que mantener el respaldo al PSOE podría perjudicar las perspectivas electorales de los nacionalistas vascos, sobre todo en un escenario donde EH Bildu sigue ganando terreno y el Gobierno central se ve debilitado por los casos de corrupción que salpican a su entorno.
Pese a esa presión, Vozpópuli afirma que la dirección del PNV no contempla romper con Sánchez ni respaldar una maniobra del PP contra el Ejecutivo. Según esas fuentes, la formación nacionalista seguiría vinculada al PSOE tanto por los equilibrios de la política estatal como por la relación de dependencia institucional en el País Vasco, donde el respaldo socialista continúa siendo esencial para el Gobierno autonómico.
El caso Tubos Reunidos se convierte así en un nuevo foco de desgaste para el PNV, que intenta contener el impacto de las menciones de la UCO mientras evita abrir una ruptura con el Ejecutivo central. La investigación judicial, aún en curso, determinará el alcance real de las gestiones descritas en los informes y el papel que pudieron desempeñar los distintos intermediarios en la aprobación de las ayudas públicas.
Fuente: Libertad Digital y Vozpópuli.
