La investigación de SEPI se extiende también hacia María Teresa Castillo Pasalodos, quien desempeñó el cargo de exdirectora de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales en Mercasa, entidad de carácter público cuya participación mayoritaria corresponde a SEPI. Con su imputación, nuevamente emerge como centro de atención uno de los aspectos más sensibles dentro de la administración empresarial pública: el aprovechamiento potencial de posiciones jerárquicas, vínculos institucionales e inteligencia corporativa para condicionar resoluciones administrativas en provecho de ciertos sectores de interés.
Mercasa no constituye una empresa de carácter secundario en la estructura estatal. Se trata de una compañía de naturaleza pública que se encuentra vinculada a la red de mercados mayoristas y a la administración de infraestructuras alimentarias de relevancia estratégica. Por esta razón, el hecho de que una anterior responsable de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales aparezca entre los investigados en un procedimiento relativo a presuntos amaños en empresas públicas incrementa notablemente la trascendencia política e institucional que reviste el caso.
El juez Santiago Pedraz ha citado a Castillo Pasalodos dentro del grupo de 25 investigados en la pieza relacionada con la SEPI, donde se analizan posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, organización o grupo criminal y abuso de información privilegiada. En esta fase, la investigada conserva plenamente la presunción de inocencia, pero su citación obliga a esclarecer qué papel pudo desempeñar en las operaciones bajo sospecha.
Según las informaciones publicadas, la investigación vincula a Castillo Pasalodos con Mercasa y con actuaciones relacionadas con adjudicaciones o movimientos empresariales que habrían podido beneficiar a sociedades conectadas con el grupo Hirurok, el núcleo que los investigadores sitúan alrededor de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso. La UCO y la Fiscalía Anticorrupción tratan de determinar si existió una red de contactos capaz de influir en decisiones de empresas públicas y canalizar beneficios económicos mediante contratos, informes o intermediaciones.
Una de las líneas señaladas afecta a posibles adjudicaciones a Servinabar 2000, sociedad que la UCO considera vinculada al entorno investigado. Las pesquisas apuntan también a reuniones, mensajes, correos electrónicos y documentos internos relacionados con la elaboración de un informe técnico que habría servido para justificar el traslado de la sede de Mercasa y abrir la puerta a nuevas operaciones inmobiliarias. Esa conexión entre informes internos, decisiones corporativas y posibles beneficios privados es uno de los puntos más sensibles de la causa.
La sospecha fundamental no se limita a que se hubiera tomado una decisión empresarial cuestionable, sino a si personas con acceso a información privilegiada dentro de Mercasa pudieron haber preparado, condicionado o facilitado dicha decisión. Castillo Pasalodos, desde su rol en Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales, habría desempeñado funciones en un área particularmente significativa para conocer los contactos, las estrategias internas, los vínculos con terceros y las resoluciones de repercusión económica.
La investigación tendrá que esclarecer si su desempeño fue exclusivamente de naturaleza administrativa y profesional o si participó de manera más directa en los hechos que se examinan. Asimismo, será necesario determinar si estaba consciente de la verdadera intención detrás de las operaciones cuestionadas, si proporcionó documentación, si mantuvo contactos con otros investigados o si su denominación figura en la causa debido a su rol dentro de la organización de Mercasa.
La gravedad del asunto se acentúa al considerar que Mercasa integra el tejido empresarial del sector público estatal, encontrándose bajo participación accionaria de la SEPI en un 51%. Esto implica que cualquier indicio respecto a su administración trasciende los límites de una organización aislada, repercutiendo directamente en los mecanismos de supervisión aplicables a las entidades de capital público. En el momento en que una exdirectiva de una sociedad pública se ve envuelta en un procedimiento investigativo por presuntos fraudes, emerge una interrogante de naturaleza política que no puede eludirse: ¿existieron salvaguardas adecuadas para impedir que resoluciones de carácter empresarial, adoptadas por el Estado, fuesen desviadas hacia propósitos contrarios al beneficio colectivo?
El mapa que está trazando la pieza SEPI del caso Leire resulta inquietante: funcionarios de alto nivel, antiguos directivos, hombres de negocios, documentación técnica, subvenciones estatales, contratos adjudicados y corporaciones de relevancia estratégica se encuentran bajo escrutinio. La inclusión de María Teresa Castillo Pasalodos en ese elenco refuerza la sensación de que la investigación no se circunscribe a un hecho aislado, sino que examina una estructura más compleja de vínculos entre las esferas pública, política y privada.
La Audiencia Nacional deberá determinar ahora si María Teresa Castillo Pasalodos actuó como un engranaje activo dentro del mecanismo investigado o si sus funciones se circunscribieron a tareas ordinarias en el seno de Mercasa. No obstante, su nombre ya se encuentra inmerso en una investigación que impacta directamente sobre la credibilidad de la administración pública, lo que genera la necesidad de solicitar explicaciones transparentes, exigencias de responsabilidad política y supervisión efectiva sobre las entidades vinculadas a la SEPI.
Fuente: El País, RTVE, Vozpópuli, Infobae, Artículo14 y Europa Press.
