La pieza SEPI del caso Leire ha terminado alcanzando a Miguel Ángel Figueroa Teva, exinterventor general de la Junta de Andalucía y antiguo directivo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Su nombre aparece ahora dentro del grupo de 25 personas citadas como investigadas por el juez Santiago Pedraz en una causa que examina presuntas maniobras para influir en operaciones públicas, ayudas estatales y decisiones empresariales vinculadas al sector público.
Figueroa ocupa una posición relevante dentro de esta investigación. Antes de asumir responsabilidades en la Intervención General de la Junta de Andalucía, ejerció su labor en la SEPI durante el periodo en que Vicente Fernández encabezaba la entidad. Conforme a lo señalado por Europa Press, asumió las funciones de director de Participadas III, adscrito a la División de Desarrollo Rural, Alimentación y Medio Ambiente de la SEPI, permaneciendo allí hasta su salto a la Agencia IDEA como director general. Dicha trayectoria lo ubica en una posición de gran sensibilidad, al tratarse de alguien familiarizado con las interioridades de la SEPI y de sus sociedades participadas.
La Audiencia Nacional indaga si una supuesta trama de mediación, articulada en torno a Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, logró condicionar gestiones vinculadas a corporaciones públicas y subvenciones del Estado. El sumario abarca probables delitos de cohecho, malversación, prevaricación, conformación de grupo criminal y uso indebido de información privilegiada. Llegados a este punto, Figueroa mantiene intacta su presunción de inocencia, aunque su llamada a declarar en calidad de investigado exige esclarecer el cometido real que asumió dentro de los acontecimientos analizados.
El foco de las sospechas en torno a Figueroa se concentra en sus vínculos con Vicente Fernández, antiguo titular de la SEPI. De acuerdo con Infobae, su identidad aparece dentro de las pesquisas debido a los nexos que presuntamente mantuvo con Fernández en el marco de una de las transacciones examinadas. Dicho lazo cobra importancia ya que los pesquisas catalogan a Fernández como un eje clave de la supuesta red que habría intentado condicionar resoluciones estatales asociadas a la SEPI.
La investigación de la pieza SEPI abarca varias operaciones, entre ellas el rescate de Tubos Reunidos, dotado con 112,8 millones de euros, además de actuaciones relacionadas con Mercasa, ENUSA, Forestalia y el Parque Empresarial Principado de Asturias. El País ha señalado que la Audiencia Nacional actúa contra quienes presuntamente ayudaron a la trama a influir en operaciones de la SEPI, con ayudas públicas que sumarían 132,9 millones de euros y comisiones investigadas superiores a 750.000 euros.
El caso de Figueroa resulta especialmente incómodo porque conecta la causa judicial con una figura que ocupó responsabilidades tanto en la SEPI como en la administración andaluza. De hecho, dimitió como interventor general de la Junta después de aparecer vinculado a la trama en informaciones periodísticas, según recogieron Europa Press y otros medios. Su renuncia se produjo antes de conocerse su citación formal como investigado en esta ampliación de la causa.
La duda que es necesario esclarecer no se reduce meramente a si Figueroa mantenía relación con Vicente Fernández o si había prestado servicios en la SEPI. El trasfondo real radica en averiguar si logró funcionar como un soporte, un canal informativo, un enlace o un contacto estratégico para la supuesta red de presión. Dentro de una red de esta naturaleza, dominar los procesos internos, identificar a los responsables y conocer los canales de decisión llega a tener tanto valor como una rúbrica oficial.
Desde un prisma institucional, este episodio suscita un interrogante particularmente inquietante: ¿lograron individuos con trayectorias técnicas y directivas en la administración pública conservar vínculos ventajosos con una trama orientada a condicionar resoluciones financieras gubernamentales? En caso de que dichos lazos hayan resultado habituales, legítimos y desvinculados de cualquier anomalía, tendrán que esclarecerse debidamente. Si, por el contrario, se emplearon para dirigir transacciones o posibilitar la obtención de datos reservados, el perjuicio para las instituciones resultaría incalculable.
La pieza SEPI no solo investiga adjudicaciones o rescates concretos. También trata de reconstruir una posible arquitectura de relaciones: antiguos cargos públicos, directivos de empresas participadas, empresarios, intermediarios y perfiles técnicos que pudieron intervenir en distintas fases de las operaciones bajo sospecha. En ese mapa, Miguel Ángel Figueroa aparece como un nombre relevante por su paso por la SEPI y por sus supuestos contactos con Vicente Fernández.
La Audiencia Nacional tendrá la misión de dictaminar ahora si su participación resultó secundaria, de simple relación o plenamente operativa en el marco de las diligencias analizadas. Asimismo, le corresponderá esclarecer si estuvo al tanto de las acciones achacadas al grupo Hirurok y si sus vínculos con Fernández guardaban conexión directa con alguna transacción revisada por la Fiscalía Anticorrupción y la UCO.
Su imputación ya acarrea una clara repercusión política: un antiguo alto cargo de la SEPI y exinterventor general de la Junta de Andalucía tendrá que rendir cuentas ante la justicia debido a su supuesta relación con un procedimiento sobre presuntos amaños en corporaciones estatales. Ante un asunto que salpica fondos públicos, rescates de compañías y supuestas tramas de influencia, el listón mínimo exigible es la máxima transparencia.
Fuente: El País, Infobae, Europa Press, Diario de Sevilla, El Independiente y RTVE.
