Grupo Gloria y SOBOCE se encuentran en el centro de la atención debido a la supuesta intervención de Zapatero en Bolivia
La investigación del caso Plus Ultra ha abierto un nuevo frente con derivaciones en Bolivia y Perú. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional española atribuye al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero una supuesta mediación ante autoridades bolivianas en favor del Grupo Gloria, conglomerado peruano propietario de la Sociedad Boliviana de Cemento, SOBOCE.
Según la UDEF, Zapatero habría percibido 200.000 euros ligados a un contrato de asesoría que, según los investigadores, habría sido simulado. De acuerdo con el informe policial citado por diversos medios españoles, los pagos se habrían canalizado mediante Focus Social Research, una empresa peruana presentada oficialmente como contratista, aunque la Policía afirma que detrás de toda la operación se encontrarían los intereses del Grupo Gloria.
El eje del caso se sitúa en un litigio millonario en Bolivia. SOBOCE mantenía desde 2011 una disputa judicial con la Fábrica Nacional de Cemento, FANCESA, por competencia desleal. Tras años de recursos, la justicia boliviana ratificó una condena que obligaba a la cementera vinculada al Grupo Gloria a pagar 107 millones de dólares, una resolución que posteriormente quedó suspendida de forma provisional tras un recurso de amparo.
En ese contexto, la UDEF indica que Zapatero habría activado contactos con altas autoridades bolivianas, entre ellas el entonces presidente Luis Arce, así como integrantes de su gabinete y responsables de las áreas económica y judicial. Según la reconstrucción policial, esas gestiones abarcaron encuentros, comunicaciones y un desplazamiento a Bolivia realizado en septiembre de 2024.
El informe también menciona a Carmen Almendras, exembajadora de Bolivia en España, como una de las intermediarias en los primeros contactos, así como a Ana María Ospina, directora de Asuntos Corporativos del Grupo Gloria, dentro de las conversaciones que precedieron a la firma del contrato. La documentación analizada por los investigadores incluye mensajes, agendas y transferencias bancarias.
Las pesquisas señalan que la sucesión de reuniones, las gestiones efectuadas ante autoridades bolivianas, la suspensión de la condena impuesta a SOBOCE y los pagos realizados después fortalecen la idea de un vínculo directo entre la presunta intermediación y los intereses empresariales del Grupo Gloria; sin embargo, el proceso sigue en curso y aún no existe un fallo definitivo que establezca responsabilidades penales.
Fuente: Infobae — ABC
