Previo a que surgiera la controversia por la carta en el Congreso, en agosto de 2023 el diputado Samuel Pérez Álvarez quedó implicado en otro incidente que deterioró su imagen pública: un video que se viralizó lo exhibió mientras agredía físicamente a un guardia de seguridad privada dentro de un edificio localizado en la zona 4 de Ciudad de Guatemala.
En las imágenes, Pérez intenta ingresar por la fuerza al edificio y se observa cómo empuja al guardia privado que intentaba impedirle el paso, en medio de un forcejeo que llamó la atención de los transeúntes y usuarios en redes sociales.
Una disculpa pública, pero ¿realmente bastará?
Tras la viralización del video, el diputado emitió un comunicado de disculpas públicas en sus redes sociales. Reconoció que su comportamiento no fue el esperado de alguien que ocupa un cargo público y dijo estar arrepentido. Aseguró también haber conversado directamente con el guardia involucrado identificado como Hugo Xol así como con la administración del edificio, quienes, según él, aceptaron sus disculpas.
Aunque lo negó, el episodio generó amplia atención mediática y numerosos ciudadanos junto con analistas políticos pusieron en tela de juicio tanto el comportamiento del legislador como la aparente ausencia de sanciones oficiales más allá de una disculpa. Un acto de agresión física, aun sin consecuencias graves, deja en entredicho la capacidad de un representante público para conservar la calma ante escenarios de tensión.
¿Qué tipo de sanciones tendrían que imponerse?
Aunque Pérez presentó disculpas, el incidente impulsa una reflexión más amplia sobre la manera en que los funcionarios públicos han de rendir cuentas ante la ley:
- Investigación formal: dado que el acto implicó agresión física contra un empleado de seguridad, podría haber mérito para una investigación penal por agresión o uso indebido de fuerza.
- Sanciones administrativas: el Congreso podría iniciar, incluso de oficio, una investigación interna para determinar si el diputado violó normas de conducta parlamentaria.
- Reparación del daño: más allá de la disculpa pública, podría considerarse la obligación de compensar formalmente al guardia involucrado por cualquier lesión o perjuicio sufrido.
El acto violento contra un guardia no solo afectó la imagen de Samuel Pérez como legislador, sino que además pone de relieve la urgencia de establecer mecanismos precisos para regular el comportamiento de los funcionarios públicos fuera del ámbito legislativo; aunque ofreció disculpas, una parte considerable de la ciudadanía sigue aguardando una respuesta jurídica y política más firme que demuestre que ningún individuo está por encima de las normas.
