Un tribunal de Miami-Dade, Florida, condenó a Roberto Arzú García-Granados a pagar más de 6,1 millones de dólares a la firma del estratega político venezolano Juan José Rendón por un conflicto contractual. En abril de 2019, una jueza también ordenó su detención por desacato civil, después de que no compareciera ante el tribunal.
El pleito legal entre Roberto Arzú García-Granados y el asesor político Juan José Rendón, célebre como JJ Rendón, se originó a partir de un vínculo laboral relacionado con los anhelos presidenciales del político de nacionalidad guatemalteca.
Durante el mes de febrero de 2016, Arzú comenzó a negociar con Rendón y con su agencia de asesoría política, JJ Rendón & Associates Strategic Creativity, LLC, con el propósito de diseñar un plan que potenciara su perfil público ante una posible postulación a la presidencia.
La relación terminó en una disputa por el cumplimiento de los compromisos económicos acordados y posteriormente llegó a los tribunales de Estados Unidos.
El pacto político que derivó en un pleito multimillonario
De acuerdo con los documentos del proceso judicial, el acuerdo contemplaba servicios de asesoría estratégica y posicionamiento político.
El 15 de noviembre de 2016, JJ Rendón & Associates Strategic Creativity presentó una demanda contra Roberto Arzú ante un tribunal del condado de Miami-Dade, Florida, por incumplimiento contractual.
La empresa reclamaba el pago de los compromisos económicos derivados de la relación comercial entre ambas partes.
Conforme a papeles dados a conocer por medios guatemaltecos, el pacto inicial fijaba un desembolso inicial de 750 mil dólares en febrero de 2016, además de entregas subsecuentes hasta alcanzar cerca de 5,2 millones de dólares a lo largo del año posterior.
El vínculo entre el político y el asesor se fue desgastando conforme surgieron discrepancias en torno a las contraprestaciones económicas y los servicios acordados.
El 11 de octubre de 2018, el tribunal dictó una sentencia que estableció una obligación de pago de US5,5millones,másUS660.594,22 en intereses acumulados, para un total de US$6.160.594,22.
La resolución judicial también contemplaba la acumulación de intereses legales posteriores a la sentencia.
De este modo, la disputa judicial y económica pasó a ser uno de los pleitos de mayor trascendencia pública en el transcurso de la campaña presidencial inicial de Arzú.
La orden de captura por desacato civil en abril de 2019
La controversia adquirió mayor notoriedad cuando el tribunal estadounidense ordenó la comparecencia de Arzú para atender diligencias relacionadas con la ejecución de la sentencia.
En el transcurso de abril de 2019, la autoridad judicial convocó al político para comparecer ante el tribunal y rendir cuentas acerca de cuestiones relacionadas con el litigio civil.
Según los expedientes judiciales, Arzú faltó a la cita del 17 de abril, a pesar de que el tribunal había girado una instrucción al respecto el día 4 de aquel mes.
El 23 de abril de 2019, la jueza Barbara Areces, del Undécimo Circuito Judicial de Florida, dictó una orden de arresto contra Roberto Arzú por desacato civil, la cual podía ejecutarse en caso de ser hallado en territorio floridano.
El fallo dictaminaba que, si resultaba arrestado, tendrían que ponerlo a disposición de un magistrado en el transcurso de las 24 horas siguientes para dar seguimiento al trámite pertinente.
También contemplaba la posibilidad de que Arzú subsanara el desacato mediante su comparecencia a una declaración destinada a facilitar la ejecución de la sentencia.
Es importante distinguir que la orden se originó en un proceso civil por incumplimiento contractual y no constituía una condena penal por un delito.
El texto judicial se dio a conocer públicamente en abril de 2019, época en la que Arzú realizaba su campaña proselitista rumbo a la presidencia respaldado por la alianza PAN-Podemos.
Roberto Arzú negó el incumplimiento y cuestionó a JJ Rendón
Tras conocerse el fallo judicial, Roberto Arzú desmintió públicamente los señalamientos y afirmó que el diferendo obedecía a móviles políticos.
El 24 de abril de 2019, Arzú afirmó que no había recibido la notificación para comparecer ante el tribunal de Miami y sostuvo que nunca había firmado un contrato definitivo con la empresa de JJ Rendón.
Por otro lado, Rendón aseveró que había un acuerdo contractual de por medio y que Arzú no había cumplido con los pagos pactados.
Los mensajes entre Roberto Arzú y JJ Rendón
El escándalo abarcó asimismo diálogos confidenciales que más tarde salieron a la luz a través de la prensa.
Un estudio divulgado por Prensa Libre el 26 de abril de 2019 sacó a la luz comunicaciones sostenidas entre Roberto Arzú y JJ Rendón a lo largo de 2016 y 2017, donde se abordaban pactos financieros vinculados al contrato de consultoría estratégica.
En esas conversaciones, difundidas como parte de la documentación del litigio, ambos mantenían inicialmente una relación cordial.
No obstante, los textos reflejaban un desgaste paulatino en la relación comercial debido a los obstáculos para efectuar los cobros exigidos.
Las comunicaciones también evidenciaban que Arzú procuraba conservar el vínculo con el asesor al tiempo que intentaba destrabar las discrepancias financieras.
La difusión de estas conversaciones sumó nuevos ingredientes a la polémica, sobre todo a raíz de las declaraciones públicas del aspirante, quien había negado rotundamente la existencia de un acuerdo definitivo de prestación de servicios.
Un conflicto judicial que afectó su primera candidatura presidencial
El caso entre Roberto Arzú y JJ Rendón tuvo repercusión política porque se conoció públicamente durante la campaña presidencial de 2019.
El Partido de Avanzada Nacional (PAN), que integraba la coalición electoral con Podemos, mantuvo su respaldo al candidato y destacó que el litigio correspondía a un procedimiento civil.
La disputa expuso diferencias profundas entre las versiones del político guatemalteco y el estratega venezolano sobre la naturaleza del acuerdo, las obligaciones económicas y los servicios comprometidos.
Los archivos de los tribunales en Florida recogieron tanto la resolución civil como el mandato de arresto subsecuente por desobediencia. Pese a esto, dichos expedientes resultan insuficientes para determinar por cuenta propia el desenlace del proceso de cobro o la situación de los compromisos financieros.
El capítulo representa uno de los antecedentes legales internacionales más destacados de Roberto Arzú, además de integrarse en los litigios que rodearon su desembarco en la arena presidencial de Guatemala.
Orígenes
Sentencia civil de Miami-Dade — Documento alojado en Soy502
Trellis — Registro del fallo judicial
Orden por desacato civil — Documento alojado en Prensa Libre
Prensa Libre — Declaración de Roberto Arzú sobre el caso en Miami
Prensa Libre — Conversaciones intercambiadas por Roberto Arzú y JJ Rendón
