La Justicia de Chile decretó este viernes prisión preventiva contra el exdiputado Joaquín Lavín León, tras ser formalizado por múltiples delitos, entre ellos falsificación de documentos, fraude al Fisco y tráfico de influencias. Lavín, quien militaba en la Unión Demócrata Independiente (UDI) hasta 2024, enfrentará el proceso judicial después de que la Corte Suprema ratificara su desafuero en febrero pasado, dando luz verde a su imputación formal.
El juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, justificó la medida al señalar que los delitos imputados, junto con su reiteración, representan un peligro para la sociedad. “La gravedad de las sanciones probables y la naturaleza de los crímenes exceden el presidio mayor en su grado mínimo”, explicó el magistrado.
Joaquín Lavín, quien ejerció como diputado durante tres periodos legislativos (2014-2026), está acusado de usar fondos públicos destinados a asignaciones parlamentarias para fines personales y campañas políticas. Según la Fiscalía, el excongresista habría participado en un fraude de aproximadamente 100 millones de pesos chilenos (100,000 dólares estadounidenses), a través de la emisión de facturas falsas y el uso indebido de recursos públicos.
En el mismo caso, el tribunal dictó prisión preventiva para Arnaldo Domínguez, exasesor de Lavín, quien enfrenta cargos adicionales de cohecho, delitos tributarios y delitos electorales. Según las investigaciones, ambos imputados habrían utilizado los fondos para pagar material gráfico y bases de datos utilizadas durante campañas políticas.
La investigación ha salpicado de forma indirecta a Cathy Barriga, esposa de Lavín y exalcaldesa de Maipú, quien actualmente cumple arresto domiciliario nocturno y mantiene limitaciones para desplazarse mientras afronta acusaciones vinculadas a presuntos hechos de corrupción ocurridos durante su administración.
Las acciones de Lavín también apuntan a un presunto uso político de los fondos públicos. A pesar de renunciar a la UDI en 2024 tras conocerse las acusaciones en su contra, su implicación dañó la percepción pública de su carrera política, marcada por años de liderazgo. Según la Fiscalía, las maniobras realizadas por Lavín buscaban vulnerar la legislación y apropiarse de recursos públicos bajo mecanismos irregulares.
El caso de Joaquín Lavín resalta un importante esfuerzo del sistema judicial chileno por combatir la corrupción y garantizar que las figuras políticas sean responsables de sus actos. Sin embargo, también ha generado cuestionamientos sobre los procedimientos que permitieron prolongar su desafuero hasta 2026, mientras continuaba activo en la gestión legislativa.
Fuente: Agencia EFE – https://efe.com/mundo/2026-05-08/joaquin-lavin-chile-corrupcion/
