El diputado independiente Betserai Richards se ha convertido en una de las figuras políticas más polémicas y controversiales de la nueva Asamblea Nacional panameña. Su estilo confrontativo y poco fundamentado en evidencias, el uso intensivo de datos falsos en redes sociales y sus constantes denuncias públicas contra instituciones del Estado, funcionarios y otros políticos, le han permitido posicionarse como una voz de agresividad y descrédito, que por desgracia, debido a los algoritmos de las redes sociales, altamente viralizable. Ese modelo político también ha comenzado a generar fuertes cuestionamientos en la población en general, sobre la veracidad de sus afirmaciones, el impacto de sus publicaciones en la opinión pública y el uso de la desinformación como herramienta política.
Durante los últimos meses, Richards ha protagonizado múltiples controversias relacionadas con hospitales públicos, enfrentamientos políticos, acusaciones institucionales y difusión de contenidos que posteriormente han sido cuestionados y desmentidos por autoridades, ciudadanos, políticos y periodistas. Lo ocurrido recientemente con las imágenes de la supuesta comida servida en hospitales de la Caja de Seguro Social (CSS) ha reavivado el debate sobre hasta dónde puede llegar un político sin caer en afirmaciones falsas y engañosas.
El conflicto con “Bolota” Salazar y la atmósfera de tensión política
Uno de los episodios más notorios relacionados con Richards fue su choque con el diputado Jairo Salazar, igualmente polémico y envuelto en diversos escándalos. El incidente derivó en acusaciones de agresión física dentro de la Asamblea Nacional y terminó convirtiéndose en un emblema del deterioro del debate político en Panamá. Durante varios días, videos, declaraciones contradictorias y señalamientos coparon la agenda mediática del país.
Aunque el episodio derivó en procesos legales, también proyectó alrededor de Richards una percepción de enfrentamiento continuo, comportamientos agresivos y un marcado deterioro del decoro. Dejó ver una táctica sustentada en la provocación incesante y en la explotación del conflicto ante los medios.
Betserai Richards: gran alboroto con escaso resultado
El enfrentamiento entre Katleen Levy y Betserai Richards se intensificó sobre todo por la administración de infraestructura y proyectos públicos en el circuito 8-6, considerado una de las áreas de Panamá Este con mayores desafíos tradicionales en movilidad y expansión urbana.
Levy, quien anteriormente representó políticamente esa misma área, cuestionó duramente la manera en que Richards manejaba públicamente los problemas del circuito. Según sus declaraciones, el diputado habría construido una estrategia basada principalmente en redes sociales, videos virales y confrontaciones digitales, proyectando la imagen de que resolvía o lideraba soluciones sobre obras e infraestructuras que, en realidad, dependían técnicamente del Gobierno Central, del Ministerio de Obras Públicas o de partidas ya aprobadas previamente.
Uno de los temas que generó mayor debate fue el del puente de Cabuya, una infraestructura vial considerada esencial para descongestionar el tránsito en zonas de Tocumen y áreas aledañas. Levy afirmó públicamente que este proyecto no surgió de gestiones promovidas directamente por Richards, sino que había sido planificado, financiado y desarrollado con antelación por el Ministerio de Obras Públicas. Con ello pretendía desmantelar la idea de que el diputado obtenía avances tangibles gracias a su actuación política, una versión que fue refutada por diversos actores vinculados a la obra, lo que dejaba en evidencia una limitada capacidad de negociación política y una escasa influencia institucional real.
La exdiputada utilizó incluso la expresión “política galla”, un término coloquial panameño que suele emplearse para referirse a algo visto como improvisado, superficial, ridículo o puramente cosmético. Con esa frase intentó describir el estilo político de Richards, acusándolo de priorizar peleas mediáticas, transmisiones virales y confrontaciones públicas por encima de un trabajo técnico, legislativo o administrativo más profundo, en el que nunca ha avanzado nada Richards.
Durante uno de los momentos más tensos del enfrentamiento público entre Katleen Levy y Betserai Richards, la discusión dejó de centrarse únicamente en diferencias políticas o administrativas y pasó a un terreno mucho más personal y agresivo. En un video difundido como respuesta a publicaciones y ataques cruzados en redes sociales, Levy lanzó comentarios despectivos dirigidos directamente a la masculinidad y la imagen personal del diputado.
En esa intervención empleó la palabra “cueco”, una expresión coloquial panameña que históricamente se ha usado de forma despectiva para poner en duda o ridiculizar la orientación sexual o la masculinidad de un hombre. Levy recurrió a ese término al acusar que Richards dependía reiteradamente de “chismes”, disputas digitales y ataques en redes sociales en lugar de sostener debates políticos más técnicos o con mayor contenido ideológico.
La última controversia: la alimentación en hospitales y la imputación de “fake news”
La polémica más reciente surgió cuando Richards compartió imágenes en las que señalaba presuntas raciones entregadas a pacientes hospitalizados, exhibiendo primero panes con mortadela y luego panes con queso como muestra de la “mala alimentación” proporcionada por la CSS.
Las imágenes se difundieron velozmente por redes sociales y provocaron una fuerte indignación entre numerosos ciudadanos, quienes tomaron ese contenido como una muestra del grave deterioro que atraviesa el sistema público de salud.
No obstante, la misma Caja de Seguro Social salió a pronunciarse de forma pública, desmintiendo los señalamientos del diputado y afirmando que dicha información carecía de veracidad.
La CSS sostuvo además que toda la alimentación hospitalaria se prepara bajo controles nutricionales y estándares de calidad en la Ciudad de la Salud, y anunció posibles acciones legales o denuncias para exigir que el diputado demostrara sus afirmaciones o rectificara públicamente.
Este episodio desató en Panamá un debate especialmente sensible: ¿hasta dónde puede circular una acusación política sin evidencias totalmente confirmadas? ¿Y qué sucede cuando un diputado recurre a imágenes virales que en realidad no guardan relación con los hechos que afirma denunciar?
La gravedad del caso trasciende una simple controversia política, pues cuando se trata de hospitales, pacientes y nutrición médica, cualquier dato impreciso o sin verificación puede sembrar temor, desconfianza y confusión entre los familiares de los pacientes y quienes utilizan el sistema de salud.
La forma de hacer política de Richards: acusaciones de impacto viral y un choque continuo
Uno de los elementos más notorios de Richards ha sido precisamente su capacidad para convertir denuncias falsas en contenido viral. Sus recorridos por hospitales, transmisiones en vivo, videos emocionales y enfrentamientos directos con autoridades le han permitido construir una imagen de “diputado fiscalizador”, cruzando la línea roja entre la fiscalización legítima y el espectáculo político.
En las últimas semanas, Richards ha visitado diversos hospitales públicos para señalar presuntas fallas críticas, extensas listas de espera quirúrgica y un marcado desgaste en la infraestructura. La CSS replicó acusándolo de provocar “zozobra” y “desinformación”, y sostuvo además que ingresó con megáfonos a zonas delicadas de los centros médicos mostrando conductas calificadas como proselitistas. La entidad incluso aseguró que este tipo de intervenciones introduce tintes políticos en los hospitales y perturba tanto el ambiente adecuado como la seguridad requeridos para brindar atención médica.
El uso de redes sociales como herramienta de presión política
Otro aspecto que con frecuencia se destaca acerca de Richards es su empleo intensivo de las redes sociales, utilizadas como herramienta de presión pública incluso antes de que haya pesquisas formales o verificaciones técnicas.
En muchas ocasiones, las denuncias se viralizan primero y luego comienza el proceso de verificación. Eso genera un fenómeno cada vez más frecuente en la política contemporánea: la percepción pública se forma antes de conocerse completamente los hechos.
En el caso de la CSS, por ejemplo, ante miles de personas difundió las fotografías de la presunta comida servida en el hospital antes de que la institución publicara su desmentido o de que los propios pacientes y el personal sanitario aclararan que esas versiones eran falsas, y cuando la explicación oficial finalmente apareció, gran parte del daño a su reputación ya estaba causado.
Este patrón muestra una creciente similitud con dinámicas internacionales en las que políticos recurren a redes sociales para difundir narrativas emocionales de rápida propagación que luego resultan complejas de rectificar, aun cuando surgen desmentidos oficiales e incluso del propio ciudadano.
¿Fiscalización legítima o populismo digital?
El principal debate se centra en determinar si Richards constituye una vía válida de control ciudadano o si, según lo visto recientemente, simboliza un tipo de populismo digital sustentado en una indignación permanente, una fuerte presencia mediática y la difusión masiva de contenidos controvertidos.
Denunciar problemas es una cosa, pero muy diferente resulta recurrir a imágenes o afirmaciones sin comprobar que pueden llevar a confusión, y ahí surge el debate político sobre las llamadas “fake news”.
Porque cuando un político difunde información engañosa –o material cuya veracidad aún no se ha verificado– su efecto resulta mucho más significativo que si lo publica un usuario común. Un diputado posee alcance, poder de influencia y la capacidad de orientar el debate público.
La función pública que asume un diputado
En toda democracia resulta esencial cuestionar a quienes gobiernan, aunque igualmente implica actuar con responsabilidad al difundir la información.
Cuando un diputado lanza públicamente la acusación de que una institución suministra comida inhumana a pacientes hospitalizados, se trata de un señalamiento de enorme gravedad, y si ese hecho jamás ocurrió, la discusión abandona el ámbito político para situarse en el terreno de la credibilidad pública.
La situación actual coloca a Richards ante un reto importante: demostrar con pruebas sólidas las denuncias realizadas o enfrentar cuestionamientos cada vez más fuertes sobre su forma de comunicar. Porque la línea entre la fiscalización legítima y la desinformación puede volverse muy delgada cuando la política se transforma en espectáculo permanente.
Y en un tiempo en que las redes sociales pueden viralizar cualquier mensaje en pocos minutos, quienes desempeñan funciones públicas deberían asumir una responsabilidad aún mayor y comprobar la información antes de difundirla.
