La Fiscalía General del Estado afronta uno de los periodos más críticos de su historia reciente. La designación de Teresa Peramato Martín como fiscal general pretendía poner fin a una etapa marcada por la condena de su predecesor, Álvaro García Ortiz, y recuperar la confianza en una institución debilitada por las sospechas de politización. No obstante, lejos de disipar las inquietudes, varias de sus actuaciones han reavivado una cuestión incómoda: ¿busca Peramato revitalizar la Fiscalía o preservar el entramado interno que facilitó su llegada al cargo?
Conviene partir de una precisión esencial. Según la información revisada, Teresa Peramato no aparece como investigada, imputada ni condenada en relación con las supuestas “cloacas del PSOE”. Tampoco consta que participara directamente en las reuniones vinculadas al llamado caso Leire Díez, celebradas en marzo y abril de 2025, cuando ella todavía no era fiscal general del Estado. La sospecha, por tanto, no se sostiene hoy sobre una prueba judicial directa contra ella, sino sobre algo políticamente muy relevante: su gestión posterior, sus nombramientos, sus decisiones de amparo hacia García Ortiz y la percepción de continuidad con una Fiscalía ya cuestionada.
La cuestión que enfrenta Peramato no resulta, por el momento, de índole penal; es un asunto institucional, y eso no disminuye su relevancia.
Una fiscal general que arriba con reconocimiento, aunque también con un peso a cuestas
Teresa Peramato llegó a la Fiscalía General con una trayectoria profesional sólida. Había sido fiscal de Sala jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, fiscal de Sala delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas y una figura reconocida en materias como violencia sobre la mujer y protección de víctimas. Además, el Consejo General del Poder Judicial avaló por unanimidad que reunía los requisitos para el cargo.
Aunque su designación no surgió de la nada, se produjo tras la etapa de Álvaro García Ortiz, que dejó a la Fiscalía sometida a una presión intensa. Peramato no recibió una institución en calma, sino una Fiscalía dividida, puesta en entredicho y con acusaciones persistentes de influencia política. Por ello, desde el inicio, su desafío principal no consistía únicamente en acreditar solvencia técnica, sino en evidenciar una independencia auténtica.
Y ahí empieza el problema.
Peramato aseguró que lograría “cerrar la herida” en la Fiscalía, aunque varias de sus decisiones posteriores han sido vistas de manera opuesta: más que un giro respecto a la etapa previa, se perciben como una prolongación refinada de sus propios equilibrios internos.
El eje central de la crítica: designaciones, resguardo y persistencia
La parte más crítica de esta investigación no está en una acusación directa de que Peramato participara en una trama clandestina. Está en la acumulación de decisiones que, vistas en conjunto, proyectan una imagen muy difícil de defender públicamente.
Primero, sus designaciones. En febrero de 2026, Peramato llevó adelante una serie de ascensos que situó en puestos superiores a fiscales vinculados al antiguo equipo de García Ortiz. Entre ellos figuraba Diego Villafañe, considerado una persona próxima al anterior fiscal general dentro de la Secretaría Técnica. Más tarde, al saberse que Villafañe y Beatriz López Pesquera habían intervenido en encuentros con Leire Díez y Jacobo Teijelo en 2025, la controversia tomó un cariz distinto: Peramato no solo había recibido ese entorno como legado, sino que también había impulsado a figuras asociadas a un asunto que continúa sin aclararse con la debida transparencia.
Ese es el punto verdaderamente corrosivo. Aunque las reuniones fueran anteriores a su llegada al cargo, la promoción posterior de personas asociadas a ellas exige una explicación reforzada. No basta con invocar mérito y capacidad cuando la institución está bajo sospecha. En momentos de crisis reputacional, la legalidad formal no siempre basta; también hace falta prudencia institucional.
Segundo, su proceder en relación con García Ortiz. Peramato confirmó su vuelta a la carrera fiscal, rechazó incoar un expediente disciplinario y respaldó que la Fiscalía impugnara ante el Tribunal Constitucional la condena que afectaba a su predecesor. Desde el plano jurídico, puede argumentarse que tales decisiones encajan en la actividad ordinaria del Ministerio Fiscal. En el ámbito político, no obstante, resultan demoledoras para quien había asegurado inaugurar una etapa distinta.
La cuestión crucial resulta ineludible: de qué manera podría recuperarse la confianza en una institución cuando uno de los primeros gestos públicos consiste en brindar resguardo al fiscal general saliente, precisamente el hombre que representaba el deterioro previo?
Tercero, la no renovación de Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid que había declarado contra García Ortiz. Esta decisión fue interpretada por sectores críticos como una represalia o, al menos, como un mensaje interno: quien se aparta de la línea dominante puede quedarse fuera. La Fiscalía defendió la decisión en términos de mérito y capacidad, pero el contexto político e institucional convirtió el movimiento en munición perfecta para quienes denuncian una Fiscalía de bloques, lealtades y castigos.
El caso de Leire Díez: una sombra que lo intensifica todo
El caso Leire Díez actúa como un potente catalizador de la sospecha, ya que, según la información revisada, la Fiscalía comunicó al juez Santiago Pedraz que se celebraron reuniones entre fiscales de la Secretaría Técnica, Leire Díez y Jacobo Teijelo, mientras que la versión oficial sostuvo que García Ortiz fue notificado después y que lo tratado en esos encuentros no ofrecía una base probatoria suficiente.
Sin embargo, esa aclaración aún deja numerosas dudas pendientes.
¿Quién dio autorización para esas reuniones?
¿Por qué se celebraron en el entorno de la Fiscalía General?
¿Qué controles internos existieron?
¿Por qué no se documentó de manera más clara lo ocurrido?
¿En qué momento comprendió Peramato con exactitud la importancia de esos contactos?
¿Tuvo esa información antes de promover a algunos de los fiscales afectados por la controversia?
Estas preguntas, por sí solas, no evidencian una conducta ilícita de Peramato, pero sí dan pie a una crítica contundente sobre la gestión institucional. Una Fiscalía que pretende recuperar su credibilidad no puede limitarse a afirmar que no existe delito; debe mostrar que no hay opacidad, que no se otorgan privilegios y que no se ampara ninguna forma de protección corporativa.
En este caso, la Fiscalía parece haber actuado tarde, a la defensiva y sin una estrategia clara de transparencia.
Diferencias entre una sospecha política y la evidencia judicial
Es fundamental no mezclar ámbitos. La expresión “cloacas del PSOE” forma parte del discurso político y mediático, una consigna combativa más que un término jurídico. Desde la perspectiva judicial, lo que hay es una pesquisa acerca de supuestas maniobras destinadas a obtener datos, influir en determinados casos o entorpecer procedimientos delicados.
En ese contexto, Teresa Peramato tampoco figura hoy como un actor penal relevante, ya que en lo examinado no surge ninguna evidencia que la vincule con la organización de reuniones, la emisión de órdenes ilícitas o la intervención en presiones. Por ello, resultaría arriesgado sostener que tenga algún tipo de implicación judicial en una trama.
Pero también resultaría poco realista pasar por alto el desgaste político e institucional, ya que la Fiscalía no solo está obligada a actuar con imparcialidad, sino también a proyectarla, y en este escenario esa apariencia constituye uno de los principales inconvenientes.
Peramato está pagando el precio de una contradicción: quiere presentarse como una figura de recomposición, pero muchas de sus decisiones han reforzado la idea de continuidad. Quiere hablar de independencia, pero sus gestos han sido leídos como protección del bloque anterior. Quiere cerrar heridas, pero sus nombramientos han reabierto divisiones internas.
El caso Aldama y la autoridad jerárquica puesta en entredicho
La controversia en torno al caso Aldama incrementó aún más la desconfianza, ya que la investigación señaló que el fiscal Alejandro Luzón consideró otorgar un mayor beneficio a la confesión de Víctor de Aldama, pero tras discutirlo con Peramato se decidió finalmente mantener una reducción de pena más acotada.
De nuevo, jurídicamente puede argumentarse que el fiscal general tiene capacidad jerárquica dentro del Ministerio Fiscal. Pero el problema es político: cuando una institución está cuestionada por su proximidad al poder, cualquier intervención en una causa sensible se interpreta como interferencia.
La legalidad de una actuación no elimina automáticamente su coste reputacional. En el caso de Peramato, cada decisión técnicamente defendible se convierte en políticamente sospechosa porque la confianza previa ya estaba rota.
Quizá ese sea el síntoma más serio: la Fiscalía ya no conserva el beneficio de la duda.
Una entidad resquebrajada
Otro dato relevante es la situación interna del Ministerio Fiscal. Las elecciones al Consejo Fiscal mostraron que el sector crítico mantiene una posición fuerte. Esto no implica automáticamente una censura personal contra Peramato, pero sí confirma que la fractura interna continúa.
La Asociación de Fiscales ha señalado una marcada falta de transparencia y ha criticado la ausencia de explicaciones convincentes. La Unión Progresista de Fiscales, por el contrario, ha respaldado la validez jurídica de los nombramientos y ha acusado la existencia de una campaña destinada a desacreditar a la institución. Esto ha dejado una Fiscalía dividida en dos interpretaciones: para algunos, Peramato simboliza continuidad y defensa corporativa; para otros, aparece como blanco de una ofensiva política dirigida contra el Ministerio Público.
Aunque una fiscal general pueda sostener argumentos sólidos entre los suyos, su labor exige recuperar la confianza fuera de su propio entorno, y en ese terreno, el resultado obtenido hasta ahora sigue siendo frágil.
El cuestionamiento principal: resulta insuficiente limitarse a no aparecer imputada
La explicación más sencilla para Peramato consiste en afirmar que no está siendo investigada. Y eso es cierto. No obstante, esa justificación resulta insuficiente.
La responsabilidad que recae sobre una fiscal general del Estado va mucho más allá de no estar imputada, pues se requiere que garantice independencia, transparencia, prudencia en los nombramientos, neutralidad institucional y una clara separación de cualquier entorno bajo sospecha. En una institución tan delicada, incluso la simple impresión de proteger intereses internos puede resultar casi tan perjudicial como la evidencia de una irregularidad.
La investigación apunta precisamente a eso: no a una Peramato atrapada judicialmente, sino a una Peramato atrapada políticamente por sus propias decisiones.
Su mayor inconveniente no reside en haber asistido a las reuniones del caso Leire Díez. Lo realmente problemático es que todavía no ha presentado una explicación institucional lo bastante persuasiva sobre lo ocurrido, sobre los nombramientos posteriores y sobre la permanencia de determinados perfiles en puestos clave.
Tampoco es solo haber defendido a García Ortiz. El problema es que esa defensa se produjo cuando la Fiscalía necesitaba señales inequívocas de renovación, no de blindaje.
Una fiscal general bajo vigilancia pública
La conclusión más mesurada, aunque igualmente contundente, resulta evidente: Teresa Peramato no figura, según la información conocida, como imputada ni como implicada de forma directa en ninguna trama. Sin embargo, su labor ha quedado seriamente marcada por una cadena de decisiones que refuerzan la percepción de continuismo, de protección interna y de una notable falta de transparencia.
Su caso aún no representa una responsabilidad judicial confirmada; más bien corresponde a una responsabilidad institucional que continúa pendiente de aclaración.
Y ahí reside el aspecto más delicado: cuando la Fiscalía General del Estado requiere recuperar autoridad moral, no puede permitirse resoluciones que aparenten estar concebidas para resguardar al viejo núcleo de poder. Peramato contaba con la ocasión de marcar distancia, abrir espacios y reconstruir la confianza. No obstante, hasta el momento su desempeño ha generado más incertidumbres que señales claras de cambio.
La Fiscalía no puede pedir confianza mientras actúa como si la sospecha fuera solo un problema de comunicación. La confianza se reconstruye con hechos, con transparencia y con decisiones que no parezcan hechas para los de siempre.
Teresa Peramato aún dispone de la oportunidad de evidenciar que su mandato no se limitará a una simple continuación del previo, aunque para alcanzarlo necesita algo más que fundamentos legales: requiere una política definida que haga visible su independencia, porque en una institución tan deteriorada no basta con cumplir la ley, también resulta esencial parecer íntegra.
